El Partido Popular de Tarragona no quiere que se implanten más mezquitas en la ciudad y considera que "con una basta". Los populares han presentado una única enmienda a la normativa municipal para la implantación de nuevos centros de culto en la ciudad, aprobada inicialmente en el plenario del mes de abril.

 

Su portavoz, Alejandro Fernández, ha afirmado que la propuesta responde a la necesidad de establecer un plan de usos, tal como se hace en el comercio o en los locales de ocio. "Es legítimo decirlo una vez se garantiza la libertad de culto, dado que ya existe una mezquita", ha afirmado Fernández. El PP quiere que Tarragona se convierta en "un modelo de gestión de la inmigración".

 

En este sentido, el portavoz popular ha aprovechado para presentar cinco propuestas concretas "que quieren garantizar la convivencia de cara al futuro y prevenir que no pasen cosas que han pasado en Badalona, Lleida o Hospitalet. Nos queremos avanzar para que no pase lo mismo", insistiendo que, en Tarragona, "la conflictividad se concentra en Ponent, la Part Baixa y Sant Salvador".

 

Alejandro Fernández ha insistido que, con estas propuestas, lo que se pretende es garantizar "los mismos derechos y obligaciones para la gente inmigrante y para la gente nativa". La primera de las propuestas es que el Ayuntamiento comunique a la policía española el padrón para detectar la inmigración ilegal. Los populares denuncian también la existencia de más de 100 pisos patera y la pasividad del equipo de gobierno socialista para localizarlos y comunicarlo a la policía.

 

En tercer lugar, el PP de Tarragona quiere que se garanticen "las mismas condiciones legales en términos de horarios comerciales y salubridad para los comercios regentados por inmigrantes" y, en cuarto lugar, quiere que se haga un análisis "de la situación del salafismo radical en Tarragona como prevención. De momento no tenemos este problema, pero tenemos que estar alerta para que no nos pase como otras poblaciones catalanas". Finalmente, los populares quieren que se vigile "la estricta igualdad entre hombres y mujeres".

 

ICV-EUiA considera la normativa restrictiva y discriminatoria

 

La portavoz de Iniciativa en el Ayuntamiento de Tarragona, Arga Sentís, cree que las nuevas normas municipales no se ajustan con la legalidad vigente y "atacan" la libertad de culto, que es "un derecho fundamental de la ciudadanía".

 

ICV-EUiA ha presentado alegaciones para que no entren en vigencia las disposiciones aprobadas por el plenario, que exigen a los centros de culto de nueva implantación requisitos claramente discriminatorios, según ha dicho Sentís, respecto a los que ya funcionan en el centro de la ciudad, porque los obligan a instalarse en los polígonos industriales.

 

Arga Sentís considera que esta actitud responde a la "cobardía" del PSC y de CiU y a la voluntad del PP "de instrumentalizar a su favor el miedo y la xenofobia". Las alegaciones de ICV-EUiA remarcan el hecho discriminatorio que supone que a los nuevos centros religiosos se les exija, para abrir dentro de la ciudad, la redacción de un plan urbanístico especial, cosa que no es obligatoria para otros establecimientos de pública concurrencia y potencialmente "molestos" para los vecinos como por ejemplo bares, restaurantes o discotecas. La Vanguardia